Según el funcionario, la normativa, aprobada por los seis concejales en septiembre, presenta “serias limitaciones legales” que exceden las competencias municipales, invadiendo atribuciones exclusivas de la Provincia de San Juan, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional.
En lugar de derogarla o vetarla, el Ejecutivo optó por devolver la ordenanza al Concejo Deliberante para su modificación. “Buscamos una normativa que contemple a todos y no sea restrictiva”, aseguró Dara, destacando que la respuesta municipal se emitió “en tiempo y forma”, cumpliendo con los plazos legales.
Acusaciones de intereses políticos
Dara también criticó a los concejales Sonia Araya y Walter Berón, señalando que “sus acciones responden a intereses políticos”, pese a que, según el secretario de gobierno, todos los ediles estaban notificados previamente sobre la inviabilidad de la ordenanza.
Asimismo, el secretario expresó su sorpresa ante el respaldo de concejales oficialistas como el Dr. Héctor Sánchez y Mariela Mesías, quienes también votaron a favor. “Ellos sabían que la ordenanza tenía fallas legales, y aun así aprobaron su sanción”, aseveró el Dr. Dara.
En busca de un consenso
El Ejecutivo enfatizó que el objetivo es construir una ordenanza que no sólo respete el marco legal, sino que también represente una solución inclusiva para todos los sectores. Este tema, que involucra la regulación de recursos naturales, continúa generando debate y divisiones en el ámbito político y social de Jáchal.
Entrevista Radial completa
